El Derecho a Vivir Tranquilos

29 · 06 · 2021

Seguridad para vivir tranquilos

1) Combate al crimen.

1.1. Recuperar el Orden Público en nuestras ciudades y barrios, conjugando los principios democráticos y el respeto de los Derechos Humanos con el cuidado de las personas y los bienes sociales. Para esto debemos:

  • Avanzar en un nuevo concepto de Orden Público que sea eficiente y permita identificar claramente el tipo de situaciones en las cuales la autoridad debe intervenir.
  • Generar la especialidad de Orden Público en las escuelas de formación de las policías, permitiendo además la identificación de los roles que cumple cada policía en cada etapa del resguardo del orden público.
  • Definición de los niveles de decisión, comunicación y responsabilidades entre los agentes que tienen a su cargo el resguardo del Orden Público.
  • Establecimiento de metas e indicadores medibles y fiscalizables en materia de Orden Público, incluyendo el resguardo de los Derechos Humanos.
    Actualización del equipamiento antidisturbios.

1.2. Mejorar la seguridad en la infraestructura de transporte, integrando las cámaras de televigilancia ya existentes y reforzando en zonas de alto riesgo. Además, se avanzará en agregar botones SOS en aquellas zonas que sean especialmente críticas.

1.3. Incorporar estándares de seguridad situacional en la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

1.4. Fortalecer programas de prevención del delito, especialmente en aquella población más vulnerable. Por ejemplo, en el caso de las mujeres será fundamental implementar a mayor escala mecanismos como el control telemático de ofensores de violencia intrafamiliar y contra la mujer.

1.5. Integrar lectores de patente de vehículos a nivel nacional, generando un sistema que permita detectar de manera rápida y eficiente los vehículos robados.

1.6. Implementar un nuevo sistema de logística y gestión del crimen, externalizando ciertas funciones administrativas de las policías, reformando y modernizando nuestros agentes de seguridad para que sus resultados se orienten a las prioridades de la ciudadanía y la disminución de la percepción de inseguridad.

1.7. Impulsar una nueva política criminal enfocada en la prevención, que coordine a los distintos actores (policías, municipios, Ministerio Público) para perseguir aquellos delitos que más afectan a la ciudadanía.

1.8. Crear nuevas Escuelas de Fiscales, para capacitar y dotar de todas las herramientas necesarias a los nuevos fiscales que se suman al Ministerio Público. Además, facilitará que se puedan capacitar de manera continua.

1.9. Expandir a nivel local brigadas Sitio del Suceso que tengan disponibilidad 24/7 para complementar el trabajo de la PDI y Carabineros.

1.10. Fortalecer el rol de los municipios en cuanto agentes de seguridad, apoyando la creación de nuevos cuerpos de seguridad ciudadana a nivel comunal. En aquellas comunas que por su tamaño esto no sea factible, se promoverá la asociación de comunas para la generación de dichos cuerpos de seguridad ciudadana, los cuales complementarán el trabajo de las policías a nivel local.

1.11. Las acciones en materia de reinserción se orientarán principalmente a disminuir la reincidencia, focalizando, por tanto, los recursos y esfuerzos en personas con mayor riesgo de reincidir.

1.12. Implementar, a gran escala, programas de reinserción social en el sistema intrapenitenciario para que personas con privación de libertad tengan espacios de rehabilitación mediante actividades laborales.

1.13. Impulsar leyes que sancionen el robo de leña y que aumenten sanciones contra usurpaciones.

 

2) Liberar los Barrios del Narcotráfico.

2.1. Crear una Unidad de Combate al Narcotráfico de intervención intersectorial de zonas ocupadas, donde estará la PDI, Carabineros y delegados del Ministerio Público para trabajo focalizado en los territorios

2.2. Revocar los beneficios estatales de vivienda y subsidios sociales a criminales condenados por narcotráfico y terrorismo.

2.3. Renovar y actualizar los programas de rehabilitación, implementando un programa integral de segunda oportunidad y de reinserción a la comunidad. En esto, es fundamental priorizar aquellos programas y prácticas basadas en la evidencia.

2.4. Implementar una nueva política para combatir la droga y la violencia, en donde modernice a la institucionalidad mediante la creación de una Fiscalía Nacional de Drogas y, simultáneamente, se ponga énfasis en rehabilitación individual y territorial.

2.5. Aumentar las penas a todos aquellos narcotraficantes que utilicen niños y adolescentes para su actividad criminal, garantizando condena efectiva en recinto penitenciario.

2.6. Prevenir y rehabilitar a nuestros jóvenes, con el fortalecimiento de un plan integral que los apoye a salir del círculo y la influencia de las drogas a través de educación, trabajo y capacitación.

 

3) Institucionalidad y Transparencia.

3.1. Fortalecer consejos comunales de seguridad, darle mayores atribuciones a los cuerpos municipales de seguridad y establecer una red intercomunal de prevención del delito.
3.2. Aumentar el uso de la tecnología para la seguridad, estableciendo un número y aplicación integrada para emergencias y denuncias, así como también utilizar inteligencia artificial para detectar zonas de riesgo.
3.3. Aumentar la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía de los procesos relacionados al crimen, mediante un consejo de supervisión de conducta policial 2.0. y una plataforma web para el seguimiento de los casos judiciales por parte de los ciudadanos.

Programas relacionados